El actual presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella cumple una de sus promesas en campaña: Levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Esto acompañado del argumento de que “No hay derecho de que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente no pueda defenderse” Explicó el mandatario.
El Decreto 1368 de 2026, firmado por De la Espriella, permite que quienes ya cuentan con un permiso individual de porte legalmente expedido y vigente (salvoconducto) pueden volver a portar el arma amparada sin necesidad de tramitar autorizaciones especiales adicionales.
Esto no significa porte libre ni indiscriminado, el decreto no autoriza el libre porte de armas no elimina los requisitos, controles y restricciones contemplados en el Decreto Ley 2535 de 1993. En cuanto a las condiciones legales, los permisos no deben estar vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, ni el titular puede tener prohibiciones legales o judiciales.
Para obtener y mantener un permiso legal de armas se requiere realizar trámites ante el Departamento de Control de Armas y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares. Los costos aproximados entre exámenes, cursos, permisos y seguros donde dos millones de pesos colombianos.
¿El decreto puede aumentar la seguridad de los colombianos?
La iniciativa del mandatario promete un país más seguro para los colombianos, donde los ciudadanos de “bien” tienen la posibilidad de defenderse frente a situaciones que pongan en peligro su vida. No obstante, algunas cifras podrían demostrar que no es la mejor solución frente a la inseguridad que atraviesa actualmente Colombia.
En 2021, el país ocupó el sexto lugar en el mundo por muertes con armas de fuego. En total: 21.696. Cabe resaltar que de este resultado, más de ocho mil fueron homicidios intencionales y menos de dos mil correspondieron a muertes por armas de fuego en el conflicto armado.
Es importante resaltar que, el año pasado se registraron 13.734 homicidios a nivel nacional, el 77% de estos involucró armas de fuego. Además, en Bogotá hay una gran cantidad de armas con salvoconducto: 280.000 aproximadamente. Casi la mitad de las 700.000 armas con salvoconducto existentes en el país.
A pesar de la vasta cantidad de armas ilegales en el país, más de cuatro millones, no se puede asegurar que armar a los ciudadanos legalmente disminuya los delitos que atentan contra la seguridad y la vida de las personas. De hecho, entre los años 2012 y 2016 la restricción de armas de fuego en Bogotá y Medellín redujo la tasa de homicidios por arma de fuego en 22%; además, en el gobierno de Santos se decretó la suspensión general del porte en todo el país.
Si vemos el porte legal de armas en otros países como Estados Unidos, uno de los referentes y principales aliados del gobierno de Abelardo de la Espriella, se puede observar como una medida peligrosa. En EE.UU en el 2024 las armas de fuego fueron la primera causa de muerte en jóvenes entre uno y diecisiete años; con 2.214 fallecidos. La mayoría de casos de muertes por arma fuego, fueron por suicido y la segunda causa fueron homicidios.
Lo que nos lleva al caso reciente de un estudiante 17 años en un colegio de Medellín, quien llevó un arma a la institución, conmocionó a las personas en el lugar y luego se autolesionó en la cabeza, esto pocos días después de que se levantara la suspensión de armas en el país. El porte legal de armas no autoriza que se haga uso responsable de estas, por lo que se pone en duda si esto aumentará la seguridad de los colombianos o por el contrario, la disminuirá.
